A principios de marzo de 2026, un nuevo informe de las Naciones Unidas vuelve a poner a Venezuela en el centro de la atención internacional: se trata de las conclusiones más recientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que documenta torturas, malos tratos, violencia sexual y un patrón continuo de represión estatal contra la disidencia. Más allá de las cifras frías, el texto retrata un país donde la violación sistemática de los derechos humanos no se ha interrumpido, sino que se ha adaptado a un contexto político cambiante, con nuevas estrategias de control pero con viejos métodos de crueldad.
De qué trata el informe de la ONU
El documento presentado en marzo de 2026 se suma a una serie de investigaciones previas que han venido advirtiendo desde 2014 sobre la gravedad de la situación de derechos humanos en Venezuela. El informe recoge testimonios directos de víctimas, análisis de rutas de denuncia, información de organizaciones nacionales e internacionales, así como un cruce de datos de muertes, detenciones arbitrarias y episodios de tortura en el período electoral de 2024 y los meses posteriores. Entre sus conclusiones centrales se encuentra que torturas y malos tratos no son hechos aislados, sino prácticas repetitivas y, en muchos casos, planificadas, que forman parte de un sistema de control social y político.
A nivel de metodología, el informe destaca que muchas de las víctimas fueron interrogadas en condiciones de aislamiento, sin acceso a abogados, familiares ni médicos, y que las formas de tortura observadas son coherentes con patrones denunciados en años anteriores: golpes repetidos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, permanencia prolongada en celdas pequeñas, hacinadas y oscuras, así como castigos psicológicos como amenazas de violencia sexual o de daño a familiares cercanos. La Misión subraya que estos métodos no surgen de la improvisación, sino que se inscriben en un modelo de detención que se ha mantenido en cuerpos de seguridad como el SEBIN y la DGCIM.
Torturas: métodos y patrones
En el informe, la ONU describe cómo la tortura se ha convertido en una herramienta de investigación y de castigo, más que en un “exceso” ocasional. Las víctimas relatan interrogatorios durante horas en los que se les somete a golpes en distintas partes del cuerpo, uso de instrumentos eléctricos en zonas sensibles, colocación de bolsas plásticas en la cabeza para generar sensación de ahogamiento y, en algunos casos, humillación sexual, desnudez forzada o exposición a inspecciones invasivas. La sistematicidad de estas prácticas lleva a la Misión a concluir que la tortura no es un desvío puntual de agentes indisciplinados, sino una modalidad de trabajo que se ha transmitido entre generaciones de funcionarios.
También se documentan casos de tortura sexual y de género, especialmente contra mujeres detenidas. Entre las conductas descritas figuran abusos sexuales, amenazas de violación, coerción sexual ligada a la obtención de información o confesiones, violencia reproductiva y humillación pública de la intimidad. El informe señala que estas prácticas generan un temor profundo en la población, donde la mera posibilidad de ser interrogado por cuerpos de inteligencia genera ansiedad colectiva y automarginación de quienes se consideran vulnerables.
Víctimas y perfiles más afectados
El texto de la ONU detalla que las víctimas de tortura y malos tratos se concentran en unos perfiles específicos: opositores políticos, activistas sociales, periodistas, defensores de derechos humanos, ciudadanos extranjeros radicados en el país y jóvenes que participaron en protestas postelectorales. Muchas de las denuncias se enlazan con las protestas de julio y agosto de 2024, cuando miles de personas salieron a las calles para rechazar los resultados anunciados de las elecciones presidenciales; durante esas jornadas, según el informe, se registraron muertes, detenciones masivas y aplicaciones de fuerza desproporcionada que se extendieron durante semanas.
Una parte del informe se centra en el tratamiento de personas detenidas en el marco de la llamada “Operación Tun Tun”, una campaña de rastreo y represión que incluyó allanamientos masivos, detenciones en domicilios y calles, y traslados a centros de detención donde se sucedieron prácticas de tortura. En muchos casos, las autoridades negaron inicialmente la detención de las personas, lo que para la ONU equivale a desapariciones forzadas, dado que familias tuvieron que buscar a sus seres queridos durante días o semanas sin respuestas oficiales.
Una tabla ilustrativa de patrones de abuso
A continuación se presenta una síntesis de los principales patrones de abuso que se retoman en el informe de 2026:
| Tipo de abuso | Formas descritas | Actores implicados |
|---|---|---|
| Tortura física | Golpes directos, descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico, permanencia prolongada en celdas hacinadas y oscuras | SEBIN, DGCIM, cuerpos policiales y militares |
| Tortura psicológica | Aislamiento, amenazas de violencia, amenazas contra la familia, simulación de ejecuciones o traslados a instalaciones de alto riesgo | Agentes de inteligencia y interrogadores |
| Violencia sexual y de género | Humillación sexual, desnudez forzada, abusos sexuales, coerción sexual ligada a la obtención de información | Agentes de seguridad y funcionarios en centros de detención |
| Detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas | Allanamientos sin orden, detención en domicilios, ocultamiento del paradero del detenido, falta de acceso a abogados | Cuerpos de seguridad y autoridades locales |
| Uso de delitos vagos para perseguir | Acusaciones de “incitación al odio”, “terrorismo”, “traición” o “sabotaje” contra manifestantes y críticos | Fiscalía y tribunales vinculados al poder político |
Este esquema permite visualizar cómo la tortura se articula con otras formas de violación de derechos para construir un entorno de coacción donde la ciudadanía se siente permanentemente amenazada.
Contexto político y social en 2026
El informe de marzo de 2026 se emite en un contexto de profunda reconfiguración política en Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos y la asunción de una presidencia encargada, el país ha entrado en un periodo de transición incierta, donde el poder formal se redistribuye pero muchas de las estructuras de seguridad y represión permanecen en pie. Aunque se han anunciado medidas de amnistía, liberación de presos políticos y apertura de conversaciones, la Misión de la ONU señala que, simultáneamente, siguen ocurriendo detenciones selectivas, persecución a líderes sociales y uso de delitos vagos para criminalizar la protesta.
Además de la dimensión política, el informe subraya el contexto socioeconómico como agravante de la vulnerabilidad. La pobreza multidimensional, la falta de acceso a servicios básicos, la emigración masiva y la precariedad laboral han dejado a una gran parte de la población expuesta a la impunidad y sin recursos para enfrentar la violencia estatal. Millones de personas huyeron del país desde 2014, y quienes permanecen se debaten entre el miedo a la represión y la necesidad de movilizarse para exigir cambios.
Reacciones del gobierno y de la comunidad internacional
La respuesta oficial venezolana a este informe ha sido una mezcla de negación parcial y ataques a la credibilidad de la Misión. Autoridades del gobierno encargado han insistido en que la situación de derechos humanos ha mejorado, han minimizado el número de casos de tortura y han acusado a la ONU de estar influenciada por intereses políticos externos. En algunos discursos se ha llegado a cuestionar la metodología de la investigación, a pesar de que la Misión recoge testimonios que se cruzan con datos de organizaciones nacionales y extranjeras, incluidas ONG venezolanas.
En el plano internacional, por el contrario, el informe ha sido respaldado por varios Estados, organismos regionales y agencias de la propia ONU. Organismos como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han reiterado que la violencia estatal en Venezuela responde a objetivos políticos concretos: infundir miedo, desmovilizar la protesta social y consolidar la permanencia de determinados sectores en el poder. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, por su parte, mantiene abierta la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en el país, lo que añade una dimensión jurídica de largo alcance a las denuncias.
¿Qué significa para las víctimas y la sociedad?
Para las víctimas directas de tortura y sus familias, el informe de 2026 tiene un valor simbólico y práctico importante. Por un lado, el reconocimiento internacional de que han sido sometidas a prácticas crueles y sistemáticas rompe el silencio forzado que muchas instituciones internas han mantenido durante años. Por otro, abre la posibilidad de diálogos con tribunales internacionales, mecanismos de reparación y campañas de presión que exigen responsabilidades penales y políticas a quienes ordenaron u ocultaron estas prácticas.
En el plano social, el informe refuerza la idea de que la violación de derechos humanos en Venezuela no es un patrimonio de un solo gobierno, sino un legado institucional que involucra a cuerpos de seguridad, magistraturas, ministerios públicos y otras estructuras del Estado. La presencia de funcionarios que han sido señalados en informes anteriores y que siguen ocupando puestos clave en el aparato de seguridad alimenta la desconfianza ciudadana y la sensación de que, más allá de los cambios en la Presidencia, el núcleo represivo del poder permanece intacto.
Hacia dónde puede ir la situación en los próximos años
El informe de la ONU de marzo de 2026 no solo documenta el pasado y el presente, sino que proyecta escenarios futuros. Entre las recomendaciones que se desprenden, se encuentra la necesidad de una depuración profunda de las fuerzas de seguridad, la eliminación de normas penales que han servido para criminalizar la protesta, la creación de mecanismos transparentes para investigar y sancionar casos de tortura y la apertura de rutas de justicia transicional que incluyan verdad, reparación y garantías de no repetición.
Si el país elige seguir por la vía de la impunidad, el informe sugiere que la tortura y la violencia estatal podrían seguir condicionando el debate político y social, inhibiendo la disidencia y consolidando una cultura de miedo. Si, en cambio, se avanza en reformas reales, se podrá aprovechar este momento de transición para romper con décadas de abuso sistemático y reconstruir un sistema de seguridad y justicia que respete los derechos humanos. En cualquiera de los dos caminos, la presencia de un informe tan contundente de la ONU dejará una huella clara: Venezuela ya no puede presentarse como un caso aislado, sino como un ejemplo de cómo la tortura, cuando se sistematiza, deja cicatrices profundas en la tejedura misma de la democracia.
Allison Walsh es periodista y redactora especializada en noticias internacionales y actualidad digital. Con un enfoque en información clara y verificada, cubre temas globales para mantener a los lectores informados con contenido confiable y relevante.